Estados Unidos incauta $50 millones en gasolina dirigidos a Venezuela

El pasado 13 de agosto de 2020, 4 buques petroleros que aparentemente trasladaban gasolina desde Irán a Venezuela, fueron intervenidos y confiscados por Estados Unidos.

El Departamento de Justicia estadounidense, comunicó que con la colaboración de “socios extranjeros” incautaron aproximadamente 1.1 millones de barriles de petróleo iraní. Cantidad que fue valorada en $50 millones.

Según le mencionaron a BBC Mundo algunos miembros de la tripulación, la Marina estadounidense participó en el abordaje sin necesidad de utilizar armas.

El contenido de los tanqueros Bering, Pandi, Bella y Luna se confiscó por orden del Tribunal del Distrito de Columbia, agregó el Departamento de Justicia. Además, el otrora presidente Donald Trump puntualizó que ése petróleo se iría hacia Houston; un centro petrolero de importancia en el país.

La demanda fue emitida en julio con el basamento de que Mobin International Ltd, la empresa involucrada con el envío y cuya sede está en Emiratos Árabes Unidos; tiene vínculos con la Guardia Revolucionaria Iraní, grupo armado que Washington cataloga como terroristas.

Estados Unidos considera que esta empresa forma parte de una red de compañías pantalla, que buscan eludir la ley.

Escasez de gasolina en Venezuela

Venezuela es un país con grandes reservas de petróleo, lo cual le facilitaba tener gasolina a precio subsidiado. Sin embargo, gracias a complicaciones en el mantenimiento de la infraestructura de extracción y tratamiento, la escasez de combustible afectó a los venezolanos.

Como consecuencia, se tuvo que establecer tarifa internacional al precio de la gasolina; originando largas filas en las estaciones de servicio de todo el país y un mercado paralelo de comercialización de combustible.

La corrupción y mala gestión de los recursos, hizo que la petrolera estatal PDVSA paralizara por completo la producción de gasolina. Situación que se agrava más, a raíz de las sanciones propiciadas por Estados Unidos, las cuales evitan que otros países puedan hacer negocios con la empresa.

Desde el inicio de las sanciones en 2015, investigaciones realizadas por la consultora Inter American Trends; averiguó que quién se encargaba de la comercialización internacional del crudo venezolano, eran las filiales de Rosneft, una petrolera estatal rusa. Sin embargo, entre febrero y marzo de 2020 a través de más sanciones; esta opción dejó de ser viable tanto para Rusia, como para Venezuela.

En tal sentido, Venezuela solicitó apoyo a Irán. Llamado que fue acatado, aún en contra de las sanciones producto de su programa nuclear.

Entre febrero y abril de 2020, reportes de Reuters señalaron diversos aterrizajes de Mahan Air en suelo venezolano; específicamente en el estado Falcón. Al parecer, su principal objetivo era reactivar las refinerías del complejo de Paraguaná.

Eudis Girot, quién es el Director Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, a través de una entrevista reveló que “los iraníes están tratando de arrancar las plantas, pero tienen problemas estructurales que no van a permitir poder solucionar [el problema] rápidamente”

Según las consideraciones de expertos, entre ellos Eudis; se necesitaría de un óptimo servicio eléctrico y buen flujo de agua para que las plantas de Paraguaná puedan procesar al menos unos 965.000 barriles diarios.

Una “clara violación” a las sanciones

Estados unidos consideró como una clara violación a las sanciones impuestas sobre venezuela, el que Teherán haya enviado gasolina a Caracas. El envío consistía en 5 buques cargados con 1.1 millones de barriles de gasolina que Irán le proporcionaba al presidente Nicolás Maduro.

Teherán manifestó ante las naciones unidas que la medida tomada por Estados Unidos, es un acto de “piratería”.

Alireza Miryousefi, quién es el portavoz oficial de Irán en la ONU, argumentó que “Cualquier intento en alta mar para evitar que Irán se involucre en un comercio legal con cualquier país que elija será un acto de piratería, pura y simplemente”.

El hecho ocurre como respuesta a un segundo rescate realizado por Irán a su aliado en el caribe.

Venezuela recibió a finales de mayo de 2020 a 5 buques iraníes cargados con 245 mil litros de gasolina. En aquella oportunidad se aplicaron sanciones a los capitanes que pilotearon a Petunia, Bosque, Fortuna, Faxon y Clavel. Represalias que se tradujeron en activos bloqueados en EEUU (en caso de poseerlos) y prohibición para navegar en aguas estadounidenses.

Ante lo ocurrido, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, expresó que “Irán y Venezuela permanecerán firmes para contrarrestar las sanciones ilegales estadounidenses”; a los cuales considera como “movimientos desesperados de EE.UU.”

$50 millones para un fondo de víctimas al terrorismo

Estados Unidos informó el jueves 29 de octubre de 2020, que recaudó más de 40 millones de dólares; en una subasta realizada al crudo incautado a Irán y cuyo destino era Venezuela. La venta fue de 1,1 millones de barriles de petróleo.

La orden fue emitida por el presidente Donald Trump, como una maniobra en contra de “los terroristas de la Guardia Revolucionaria”; como se les cataloga en Washington.

John Demers, el fiscal general adjunto, explicó a través de una rueda de prensa telefónica, que Estados Unidos vendió y entregó el petróleo a terceros. Agregó que el dinero recaudado, irá dirigido a un fondo para víctimas del terrorismo.

Una semana antes de la venta del crudo, la potencia americana agregó nuevas sanciones al sector petrolero. Ahora, Irán no podrá comercializar petróleo con Siria o Venezuela.

By Luis Alejandro R.

Las persecuciones en Venezuela aumentan un 150%, dicen organismos de derechos humanos

Según las estadísticas proporcionadas por los entes defensores, las persecuciones en Venezuela han crecido un 157% entre 2019 y 2020.

Tres organizaciones se unificaron, para crear un informe en donde se plasmaron las irregularidades que ocurrieron entre 2019 y 2020. El grupo Cofavic, el Observatorio de la Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional por los Derechos Humanos realizaron la sumatoria de faltas realizadas; dando un total de 84 abusos de poder perpetrados en 2019 y 216 ataques hechos durante los primeros 10 meses de 2020.

Los representantes de los movimientos, coinciden en que “los casos parecen confirmar la existencia de una política estatal de persecución”.

Luego de los acontecimientos, se intentó establecer contacto con el Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información; Freddy Ñañez. Sin embargo, la solicitud no fue correspondida.

Cabe destacar que Nicolas Maduro, el presidente de Venezuela, no emite consideraciones ante este tipo de actos, e incluso; considera que los mismos son producto de acusaciones falsas, propiciadas por agentes extranjeros. Para el mandatario, serían el resultado de una campaña para desprestigiar su imagen.

Miguel Martin, quién es miembro de la Organización Mundial contra la Tortura, durante una conferencia en línea mostrando los hallazgos, expreso que; “el gobierno no está convenciendo a nadie de que todas las personas con algún tipo de visión crítica o que brindan ayuda humanitaria, son desestabilizadores”.

En el informe presentado por Martín, destaca el caso de integrantes de Azul positivo; una organización civil sin fines de lucro que actúa en el estado Zulia, al noroccidente del país. Entre los cargos que se les fueron impuestos por parte de organismos del DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), está el de lavado de dinero.

Normas que dan pie a la extorsión y persecuciones en Venezuela

Desde octubre de 2020, el ejecutivo promovió una serie de normas que favorecen la persecución a organizaciones no gubernamentales; que no se enlisten en un registro nacional.

Son dos, las resoluciones que atentan en contra del financiamiento a organizaciones no gubernamentales.

La primera se emitió a finales de octubre bajo aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente. En ella, se exige que las ONG constituidas fuera del territorio de Venezuela, tengan que contar con inscripción en un “registro especial” para este tipo de actividades.

La segunda, es una resolución emitida por SUDEBAN. La misma, permite al sector bancario fiscalizar fondos ubicados en cuentas de organizaciones sin fines de lucro.

Ambas medidas, según el gobierno, son para “vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, terrorismo y financiamiento al tráfico de drogas y actividades ilícitas”.

En noviembre de 2020, otras organizaciones también fueron allanadas por parte de organismos policiales, entre ellas; Acción solidaria, Alimenta la solidaridad y Caracas mi convive.

By Luis Alejandro R.

La EU ya no reconoce a Guaido como presidente

Aunque todavía se le considera como un interlocutor privilegiado en asuntos con Venezuela; la Unión Europea degradó la postura diplomática de quién fue considerado como presidente interino del territorio.

Los estados conformantes de la Unión Europea, coincidieron en que no podían seguir considerando a Juan Guaidó como presidente interino; debido a que el pasado mes de diciembre, perdió su posición dentro del congreso venezolano.

Se tomó la decisión, pese al criterio negativo que presentaron los países integrantes de la comunidad europea, ante las elecciones legislativas convocadas por el CNE. En tal sentido, la UE no reconoció el resultado de las elecciones.

En mayo de 2018, y en víspera a la reelección del presidente Nicolás Maduro, Juan Guaidó como presidente de la asamblea nacional; tomó la iniciativa popular para convertirse en presidente interino del país.

Dicho movimiento, aún sigue siendo cuestionado por adeptos al oficialismo y otros entes internacionales; debido a la sucesión de hechos, los cuáles se presentaron de manera informal. Sin embargo, Guaidó sigue siendo visto como el principal representante para un segmento de la oposición, y presidente interino para Estados Unidos y Gran Bretaña.

El estatus de presidente interino, le concede a Juan Guaidó, acceso a todos los bienes y fondos que se le han confiscados a Maduro. Además, le permite tener contacto con altos funcionarios de la esfera política o económica; permitiéndole propulsar el movimiento democrático fuera y dentro de Venezuela.

Pese a la decisión tomada, los 27 países miembros de la Unión Europea, siguen considerando a Guaidó como una figura influyente dentro de la oposición democrática.

Como conclusión a una reunión del cuerpo de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, efectuada el pasado mes de enero; se pudo recabar que “La UE considera a la oposición venezolana como actores importantes e interlocutores privilegiados en la lucha contra el controvertido gobierno de Maduro”.

By Luis Alejandro R.

Grupo de Lima no reconoce al nuevo congreso venezolano

El pasado 5 de enero, se oficializó la instauración de los nuevos participantes que darán vida a las sesiones de la Asamblea Nacional en Venezuela.

Para lo cual, es un un acto sin efectos para un bloque de países conformantes del grupo de lima. La mayoría de ellos, ubicado en suelo latinoamericano.

Para el grupo de Lima “Esa Asamblea Nacional ilegítima es producto de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020, organizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”. Su opinión fue expuesta a través de un comunicado publicado en un portal oficial del gobierno canadiense.

By Luis Alejandro R.

Maduro: La extensión del parlamento es anticonstitucional

Nicolas Maduro considera como “inconstitucional” el amparo que intentó introducir la oposición ante la Corte Suprema de Justicia. El presidente exhortó públicamente al sistema judicial del país que ante lo ocurrido, “hiciera su trabajo”.

La acusación es acuñada a las elecciones parlamentarias efectuadas el 6 de diciembre de 2020; en donde adeptos al mandatario, obtuvieron la mayoría absoluta de votos dentro del parlamento. El gobierno obtuvo la victoria, propiciado a la pasividad electoral que presentaron los miembros de la oposición; quienes alegaron que “no votarían en unas elecciones arregladas”.

Motivado por la derrota, Juan Guaidó se propuso buscar el apoyo en los organismos reglados para poder extender su mandato por un año más; valiéndose del apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la cual negó su solicitud.

La opción de aumentar el periodo de gobierno, se vio frustrada luego de que miembros de la oposición declinaran o se marcharan fuera del país; acusados de traición a la patria y otro tipo de delitos impuestos por el ejecutivo, sin basamento aparente.

La extensión del parlamento es una realidad

Pese a la negativa de la Unión Europea ante la continuación de la gestión de Juan Guaidó, el 18 de febrero de 2021; País Vasco, quién es considerada una comunidad autónoma española, está a favor de la continuidad de la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015.

A su vez, el pasado mes de enero; EE.UU y Gran Bretaña aseguraron su apoyo a Juan Guaidó. Cabe destacar que diversos países integrantes al grupo de Lima, se han unido a la desacreditación del Parlamento instalado por el oficialismo el pasado 5 de enero.

By Luis Alejandro R.

Colombia ofrece protección a venezolanos de 10 años

MARACAY, Venezuela – El presidente Iván Duque, anunció que se le dará el estatus de protección temporal a migrantes venezolanos que se encuentren radicados en territorio colombiano. Durante la pronunciación, hizo acto de presencia el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

Gracias a la medida adoptada por el país cafetero, los venezolanos ubicados en el país podrán trabajar legalmente en el territorio. Según datos recopilados por diversas agencias, el estimado de venezolanos ilegales, o sin estatus legal, es de 966.000.

La principal consecuencia de la migración descontrolada de venezolanos a Colombia, es la sobresaturación de la educación y el sistema de salud. En tal sentido, los más afectados son las locaciones fronterizas.

Durante un comunicado de prensa, el presidente Iván Duque mencionó que el proceso “marca un hito en las políticas migratorias de Colombia”.

Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; la decisión se puede observar como el mayor gesto de solidaridad en décadas.

Detalles de la medida de protección temporal a migrantes venezolanos

El nuevo estado migratorio tendrá una duración de 10 años, lo cual también le proporcionará mayor comodidad a los migrantes que ya están legalizados. Así lo expresó el presidente.

Cabe destacar que los migrantes que ingresaron a Colombia antes del 31 de enero, son elegibles para la nueva medida de protección. Sin embargo, es necesario que se registren para adquirir el nuevo estatus migratorio. De lo contrario, podrán ser deportados.

Combate hacia el COVID-19

Por último, Iván Duque reiteró el llamado a la comunidad internacional para que puedan aportar mayores fondos en la lucha contra el COVID-19. De esta manera, podrán utilizar los fondos para vacunar a los migrantes venezolanos radicados en territorio colombiano.

By Luis Alejandro R.

España sanciona a Venezuela

MARACAY, Venezuela – A través de un tuit emitido por la cancillería de Madrid, el estado español acuñó medidas coercitivas al gobierno venezolano. Con esta acción, España se une al grupo que apoyan sanciones hacia Venezuela.

Ante lo ocurrido, el canciller de la república de Venezuela, Jorge Arreaza, cuestionó las decisiones del ejecutivo español, afectando más las relaciones de la unión europea con Venezuela. El funcionario, aseveró que solo el CSOUNU tiene facultades para imponer sanciones.

El canciller, a través de un tuit expresó que las sanciones impuestas bajo el mecanismo “de resolución de conflictos”; sólo se pueden acatar por el derecho internacional, si provienen de parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Agregó que, “el resto son contrarias al derecho, incluyendo, evidentemente, las que impone la Unión Europea. Son herramientas primitivas”.

Al poco tiempo, Arreaza manifestó que las instituciones de Estados Unidos solo están demostrando aún más “el carácter criminal de sus sanciones”, haciendo principal referencia a un informe de la GAO; en donde se puntualiza que las sanciones han contribuido al declive de la economía venezolana.

La GAO es la Oficina estadounidense de responsabilidad gubernamental y es dependiente de las decisiones que toma el congreso. La misma, posee una función fiscalizadora otorgada por el gobierno federal.

Efectos de las sanciones a Venezuela

En el informe, se indicó que los indicadores económicos de Venezuela han sufrido un quiebre abrupto desde el inicio de las sanciones impuestas por Washington desde 2015.

Desde entonces, el gobierno estadounidense ha incluido en su lista negra a más de 150 personalidades influyentes en la cúpula del gobierno venezolano. Cada uno de ellos, forma parte del anillo de confianza de Nicolás Maduro. Además, entidades como el BCV (Banco Central de Venezuela), PDVSA (La principal petrolera estatal) y otras empresas vinculadas al gobierno desde el exterior, también se han visto afectadas directamente por estas medidas.

Según cifras oficiales, el 99% del ingreso de divisas al país suramericano, ha mermado gracias a las políticas iniciadas en el gobierno de Barack Obama; e intensificadas en 2019 durante el periodo de Donald Trump.

Venezuela contraataca

En su defensa, el gobierno de Venezuela inició una demanda ante la Corte Penal Internacional a finales de 2020; en donde acusa a los Estados Unidos de cometer crímenes de lesa humanidad hacia Venezuela.

Para diciembre de 2020, el canciller de la república aseveró que Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional; recibió satisfactoriamente un informe proveniente del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Según lo han informado fuentes oficiales, el ducumento poseía pruebas y argumentos que sostenían la demanda de Venezuela hacia Washington.

Disminución de las sanciones

Aunque la demanda sigue en pie, la nueva administración de Estados Unidos ha disminuido los ataques hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo ha dado a entender el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, quien derogó sanciones relacionadas a la conexión con puertos y aeropuertos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una licencia el día 2 de febrero de 2021, la cual exime algunas sanciones ordinarias a Venezuela.

La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), aclaró que la licencia no exime las sanciones de ninguno de los funcionarios Venezolanos y tampoco permite actividades de importación y exportación.

By Luis Alejandro R.

La policía necesita una orden judicial para rastrear tu móvil, según el Tribunal Supremo de Estados Unidos

“[U]na persona mantiene una expectativa legítima de privacidad en el registro de sus movimientos físicos” – Presidente del Tribunal Supremo John Roberts

Esta semana, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció a favor de un cambio en la ley que regula la capacidad de la policía para registrar los registros telefónicos de los ciudadanos.

Desde una sentencia de 1979, que decidió que los ciudadanos no tenían ninguna expectativa de privacidad sobre sus registros telefónicos guardados por una compañía telefónica, la policía ha podido registrar los teléfonos de las personas sin causa probable (pruebas sólidas de que la persona ha cometido un delito). Sin embargo, la policía puede seguir obteniendo registros sin una orden judicial en caso de emergencia, y puede registrar otros objetos que la gente lleve consigo sin causa probable.

El tribunal consideró que “un individuo mantiene una expectativa legítima de privacidad en el registro de sus movimientos físicos”, ya que estos movimientos son captados y grabados por las compañías telefónicas.

La mayoría del Tribunal Supremo enmarcó la cuestión en términos de un cambio en el papel y las capacidades de la tecnología, en concreto de los teléfonos móviles y la recopilación y registro de datos, y uno de ellos escribió que un teléfono móvil era ahora “un elemento de la anatomía humana” que “sigue fielmente a su propietario más allá de las vías públicas y hasta las residencias privadas, las consultas médicas, las sedes políticas y otros lugares potencialmente reveladores” y “cuando el gobierno rastrea la ubicación de un teléfono móvil consigue una vigilancia casi perfecta, como si hubiera colocado un monitor de tobillo al usuario del teléfono”.

La decisión fue de 5 a 4.

El aborto se legaliza en Argentina

Antes, en el país el aborto sólo era legal en casos de violación y cuando la salud de la madre estaba en peligro, pero ahora es legal como opción hasta las 14 semanas de embarazo. Hace apenas dos años, el Senado argentino votó en contra de la legalización del aborto. El aborto era ilegal en el país desde 1921.

La votación en el Senado fue una decisión dividida, 38-29-1, tomada tras un debate de 12 horas. Durante el debate, grandes multitudes de activistas de ambos lados de la cuestión se reunieron frente al Congreso en Buenos Aires.

La Iglesia latina se opuso a la medida del país católico, pero el presidente argentino de centro-izquierda, Alberto Fernández, había hecho de la reintroducción del proyecto de ley sobre el aborto una de sus promesas de campaña, declarando en un momento dado: “Soy católico pero tengo que legislar para todos”.

El presidente también se refirió a la faceta sanitaria de la cuestión, afirmando que en los últimos 40 años habían muerto 3.000 mujeres debido a procedimientos de aborto clandestino, y que casi 40.000 mujeres acuden cada año al hospital como consecuencia de dichos procedimientos.

La votación también fue notable porque varios congresistas, que habían estado indecisos o que habían votado en contra de anteriores proyectos de legalización, votaron esta vez a favor de la legalización. Una de ellas, la senadora Silvina García Larraburu, declaró: “Mi voto es a favor de las mujeres libres, de las mujeres que pueden decidir según su propia conciencia”.

Argumentando por el otro lado, la senadora Inés Blas dijo: “La interrupción de un embarazo es una tragedia. Acaba abruptamente con otra vida en desarrollo”.

El cambio en la ley fue provocado en gran medida por la “ola verde” del país, que forma parte del creciente movimiento de mujeres de Argentina. Estas activistas llevan 15 años trabajando por la legalización del aborto y han presentado, sin éxito, siete proyectos de ley similares en el Congreso.

Al legalizar el aborto a petición, Argentina sigue en América Latina a Cuba, Guyana, Puerto Rico, algunos Estados mexicanos y, más recientemente, a Uruguay, que legalizó el aborto en 2012.

Muchos han señalado que los activistas a favor del aborto en otros países latinoamericanos, donde existen leyes de aborto similares, verán el voto argentino como un posible precedente para el cambio.