Oposición envía informe de abusos en Apure a la ONU

La oposición venezolana informó el sábado 27 de marzo, que remitieron un informe a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet. En el informe detallan las presuntas violaciones a los derechos humanos, efectuadas durante el reciente conflicto armado en el estado Apure.

La ex diputada Delsa Solózano, expresó durante una conversación con Emir Remolina que “Su testimonio ya reposa en la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet”. Emir, según lo expresó durante el diálogo, perdió a miembros de su familia en el enfrentamiento que está efectuando las Fuerzas Armadas en contra de los disidentes guerrilleros.

Solorzano, agregó que el informe se le entregó “a las personas que representan a Bachelet en Venezuela. Además, apuntó que la información también se le hará llegar a todos aquellos organismos que velan porque los derechos humanos se hagan cumplir en el país.

Investigación hacia las violaciones de DDHH

ONG’s locales están pidiendo que se investigue la muerte de cinco personas que murieron durante los tiroteos y a quienes algunos lugareños, señalan de campesinos, es decir; que eran personas que no tenían nada que ver con el conflicto.

Uno de los más de 4.000 desplazados venezolanos que huyeron a Colombia en busca de refugio, señaló que su madre, padre, tío y hermano fueron asesinados. El hombre aseguró que “fueron hechos pasar por guerrilleros colombianos”.

Ante las múltiples denuncias, el ministro de defensa, Padrino López, indicó que “Si hubiese alguna actuación que no estuviese atenida a los derechos humanos, nosotros mismos seríamos los primeros que vamos a salir en denuncia de ello, no hay solidaridades automáticas aquí”.

By Luis Alejandro R.

Las persecuciones en Venezuela aumentan un 150%, dicen organismos de derechos humanos

Según las estadísticas proporcionadas por los entes defensores, las persecuciones en Venezuela han crecido un 157% entre 2019 y 2020.

Tres organizaciones se unificaron, para crear un informe en donde se plasmaron las irregularidades que ocurrieron entre 2019 y 2020. El grupo Cofavic, el Observatorio de la Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional por los Derechos Humanos realizaron la sumatoria de faltas realizadas; dando un total de 84 abusos de poder perpetrados en 2019 y 216 ataques hechos durante los primeros 10 meses de 2020.

Los representantes de los movimientos, coinciden en que “los casos parecen confirmar la existencia de una política estatal de persecución”.

Luego de los acontecimientos, se intentó establecer contacto con el Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información; Freddy Ñañez. Sin embargo, la solicitud no fue correspondida.

Cabe destacar que Nicolas Maduro, el presidente de Venezuela, no emite consideraciones ante este tipo de actos, e incluso; considera que los mismos son producto de acusaciones falsas, propiciadas por agentes extranjeros. Para el mandatario, serían el resultado de una campaña para desprestigiar su imagen.

Miguel Martin, quién es miembro de la Organización Mundial contra la Tortura, durante una conferencia en línea mostrando los hallazgos, expreso que; “el gobierno no está convenciendo a nadie de que todas las personas con algún tipo de visión crítica o que brindan ayuda humanitaria, son desestabilizadores”.

En el informe presentado por Martín, destaca el caso de integrantes de Azul positivo; una organización civil sin fines de lucro que actúa en el estado Zulia, al noroccidente del país. Entre los cargos que se les fueron impuestos por parte de organismos del DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), está el de lavado de dinero.

Normas que dan pie a la extorsión y persecuciones en Venezuela

Desde octubre de 2020, el ejecutivo promovió una serie de normas que favorecen la persecución a organizaciones no gubernamentales; que no se enlisten en un registro nacional.

Son dos, las resoluciones que atentan en contra del financiamiento a organizaciones no gubernamentales.

La primera se emitió a finales de octubre bajo aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente. En ella, se exige que las ONG constituidas fuera del territorio de Venezuela, tengan que contar con inscripción en un “registro especial” para este tipo de actividades.

La segunda, es una resolución emitida por SUDEBAN. La misma, permite al sector bancario fiscalizar fondos ubicados en cuentas de organizaciones sin fines de lucro.

Ambas medidas, según el gobierno, son para “vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, terrorismo y financiamiento al tráfico de drogas y actividades ilícitas”.

En noviembre de 2020, otras organizaciones también fueron allanadas por parte de organismos policiales, entre ellas; Acción solidaria, Alimenta la solidaridad y Caracas mi convive.

By Luis Alejandro R.

La policía necesita una orden judicial para rastrear tu móvil, según el Tribunal Supremo de Estados Unidos

“[U]na persona mantiene una expectativa legítima de privacidad en el registro de sus movimientos físicos” – Presidente del Tribunal Supremo John Roberts

Esta semana, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció a favor de un cambio en la ley que regula la capacidad de la policía para registrar los registros telefónicos de los ciudadanos.

Desde una sentencia de 1979, que decidió que los ciudadanos no tenían ninguna expectativa de privacidad sobre sus registros telefónicos guardados por una compañía telefónica, la policía ha podido registrar los teléfonos de las personas sin causa probable (pruebas sólidas de que la persona ha cometido un delito). Sin embargo, la policía puede seguir obteniendo registros sin una orden judicial en caso de emergencia, y puede registrar otros objetos que la gente lleve consigo sin causa probable.

El tribunal consideró que “un individuo mantiene una expectativa legítima de privacidad en el registro de sus movimientos físicos”, ya que estos movimientos son captados y grabados por las compañías telefónicas.

La mayoría del Tribunal Supremo enmarcó la cuestión en términos de un cambio en el papel y las capacidades de la tecnología, en concreto de los teléfonos móviles y la recopilación y registro de datos, y uno de ellos escribió que un teléfono móvil era ahora “un elemento de la anatomía humana” que “sigue fielmente a su propietario más allá de las vías públicas y hasta las residencias privadas, las consultas médicas, las sedes políticas y otros lugares potencialmente reveladores” y “cuando el gobierno rastrea la ubicación de un teléfono móvil consigue una vigilancia casi perfecta, como si hubiera colocado un monitor de tobillo al usuario del teléfono”.

La decisión fue de 5 a 4.

El aborto se legaliza en Argentina

Antes, en el país el aborto sólo era legal en casos de violación y cuando la salud de la madre estaba en peligro, pero ahora es legal como opción hasta las 14 semanas de embarazo. Hace apenas dos años, el Senado argentino votó en contra de la legalización del aborto. El aborto era ilegal en el país desde 1921.

La votación en el Senado fue una decisión dividida, 38-29-1, tomada tras un debate de 12 horas. Durante el debate, grandes multitudes de activistas de ambos lados de la cuestión se reunieron frente al Congreso en Buenos Aires.

La Iglesia latina se opuso a la medida del país católico, pero el presidente argentino de centro-izquierda, Alberto Fernández, había hecho de la reintroducción del proyecto de ley sobre el aborto una de sus promesas de campaña, declarando en un momento dado: “Soy católico pero tengo que legislar para todos”.

El presidente también se refirió a la faceta sanitaria de la cuestión, afirmando que en los últimos 40 años habían muerto 3.000 mujeres debido a procedimientos de aborto clandestino, y que casi 40.000 mujeres acuden cada año al hospital como consecuencia de dichos procedimientos.

La votación también fue notable porque varios congresistas, que habían estado indecisos o que habían votado en contra de anteriores proyectos de legalización, votaron esta vez a favor de la legalización. Una de ellas, la senadora Silvina García Larraburu, declaró: “Mi voto es a favor de las mujeres libres, de las mujeres que pueden decidir según su propia conciencia”.

Argumentando por el otro lado, la senadora Inés Blas dijo: “La interrupción de un embarazo es una tragedia. Acaba abruptamente con otra vida en desarrollo”.

El cambio en la ley fue provocado en gran medida por la “ola verde” del país, que forma parte del creciente movimiento de mujeres de Argentina. Estas activistas llevan 15 años trabajando por la legalización del aborto y han presentado, sin éxito, siete proyectos de ley similares en el Congreso.

Al legalizar el aborto a petición, Argentina sigue en América Latina a Cuba, Guyana, Puerto Rico, algunos Estados mexicanos y, más recientemente, a Uruguay, que legalizó el aborto en 2012.

Muchos han señalado que los activistas a favor del aborto en otros países latinoamericanos, donde existen leyes de aborto similares, verán el voto argentino como un posible precedente para el cambio.