ONG’s en Venezuela: Ahora sin secretos para el gobierno

ONG se verán obligadas a revelar los detalles de sus actividades al gobierno.

MARACAY, Venezuela – El gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través de una nueva normativa, obliga a las organizaciones no gubernamentales a revelar la identidad de donantes y beneficiarios.

A través de la Gaceta Oficial número 42098, emitida el 30 de marzo de 2021, el gobierno hizo pública la providencia n° 001-2021. A su vez, invitó a las ONG a que se enlisten en la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terorismo; dependencia que según el gobierno, busca detener el flujo de capital turbulento o desestabilizador en el país.

En dicho documento, se explica que las organizaciones no gubernamentales, tendrán que suministrar información completa acerca de sus actividades.

La cronología de sucesos ha indicado que el gobierno empezó a solicitar el requisito; debido a las continuas quejas provenientes de ONGs y activistas por los derechos humanos, que aseguraban recibir acoso por parte de organismos de seguridad nacional.

El ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, no ha emitido consideraciones al respecto. Sin embargo, ante las acusaciones provenientes de las ONG y las asociaciones para el cumplimiento de los derechos humanos; el presidente alega ser el foco de una campaña difamatoria, orquestada desde el extranjero.

Según lo explica Acceso a la Justicia (una ONG), “el Registro Unificado de Sujetos Obligados busca supervisar aquellos sujetos (personas naturales o jurídicas) cuya actividad no se encuentra regulada por una ley especial, o bien personas que realizan actividades no financieras que deben ser supervisadas”.

En los artículos 6.5 y 6.6 de la nueva norma, se establecen los recaudos que tienen que aportar las ONG al ejecutivo.

En ambos artículos se especifica que las organizaciones no gubernamentales, o sin fines de lucro; tendrán que ofrecer dos listados detallando las fuentes de financiamiento, sus localizaciones internacionales, y los beneficiarios a los cuales va dirigida la ayuda.

Tentados al cierre de labores

Ante lo observado, la oposición venezolana considera que el nuevo requisito, probablemente dejará a más de un programa sin intención de continuar sus actividades en el país.

Según lo indicaron los legisladores guiados por el líder opositor Juan Guaidó, “esto podría marcar el fin de operaciones para muchas iniciativas, por temor a las consecuencias y represalias que podrían resultar de esta medida”.

En diversas ocasiones, el gobierno ha manifestado públicamente su opinión hacia las organizaciones sin fines de lucro; haciéndolas protagonistas, en parte, de la desestabilización del país petrolero.

Buscando su defensa, las organizaciones alegan que su labor permite una ayuda que alivia el sufrimiento mientras Venezuela enfrenta una crisis humanitaria; producto de malas decisiones de carácter financiero.

La OIT solicita a Nicolás Maduro asegurar derechos laborales

“La OIT obliga al gobierno venezolano a cumplir con los derechos de los trabajadores”

Durante el fin de semana, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió continuar con las medidas de presión al gobierno venezolano para que asegurarse cumplir con las recomendaciones planteadas por la Comisión de Encuesta en 2019.

El resultado del fallo, emitido el sábado 27 de marzo, dió por resultado 27 votos a favor y 22 en contra. El hecho ocurrió durante el encuentro N° 341 del Consejo, el cual se reúne 3 veces al año (marzo, junio y noviembre).

Los países que respaldaron la decisión, fueron Canadá, Colombia, Chile, Brasil, Honduras, Perú, Paraguay, los países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos.

Acceso a la justicia, una ONG especializada en este tipo de casos, a través de una publicación emitida el lunes 29 de marzo; señaló al gobierno de Nicolás Maduro “como violador de convenios internacionales y derechos fundamentales de los trabajadores”.

Para la ONG, uno de los acuerdos tomados por decisión mayoritaria, fue el “que cese la violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación y cualquier agresión contra organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al régimen, y que permita la participación tripartita”.

Como medida de cumplimiento, el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que entregar un informe antes del 3 de mayo de 2021 al Consejo de Administración. En el documento, se tendrán que detallar pruebas de que se están cumpliendo las recomendaciones realizadas por la Comisión de Encuesta.

Acceso a la justicia considera que “la primera prueba tangible para el Gobierno de Maduro será en los próximos días, cuando podremos constatar si permite la participación tripartita (trabajadores-empleadores-Gobierno) en la fijación del salario mínimo que deberá entrar en vigor el 1 de mayo”.

En caso de que el gobierno siga ignorando las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, se podrían llegar a “exponer su incumplimiento en el Boletín de la OIT, suspender apoyo técnico, elevar el informe a la ONU y servir como prueba en otras instancias internacionales que investigan violaciones de DDHH” señaló Acceso a la justicia.

By Luis Alejandro R.