La OIT solicita a Nicolás Maduro asegurar derechos laborales

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“La OIT obliga al gobierno venezolano a cumplir con los derechos de los trabajadores”

Durante el fin de semana, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió continuar con las medidas de presión al gobierno venezolano para que asegurarse cumplir con las recomendaciones planteadas por la Comisión de Encuesta en 2019.

El resultado del fallo, emitido el sábado 27 de marzo, dió por resultado 27 votos a favor y 22 en contra. El hecho ocurrió durante el encuentro N° 341 del Consejo, el cual se reúne 3 veces al año (marzo, junio y noviembre).

Los países que respaldaron la decisión, fueron Canadá, Colombia, Chile, Brasil, Honduras, Perú, Paraguay, los países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos.

Acceso a la justicia, una ONG especializada en este tipo de casos, a través de una publicación emitida el lunes 29 de marzo; señaló al gobierno de Nicolás Maduro “como violador de convenios internacionales y derechos fundamentales de los trabajadores”.

Para la ONG, uno de los acuerdos tomados por decisión mayoritaria, fue el “que cese la violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación y cualquier agresión contra organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al régimen, y que permita la participación tripartita”.

Como medida de cumplimiento, el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que entregar un informe antes del 3 de mayo de 2021 al Consejo de Administración. En el documento, se tendrán que detallar pruebas de que se están cumpliendo las recomendaciones realizadas por la Comisión de Encuesta.

Acceso a la justicia considera que “la primera prueba tangible para el Gobierno de Maduro será en los próximos días, cuando podremos constatar si permite la participación tripartita (trabajadores-empleadores-Gobierno) en la fijación del salario mínimo que deberá entrar en vigor el 1 de mayo”.

En caso de que el gobierno siga ignorando las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, se podrían llegar a “exponer su incumplimiento en el Boletín de la OIT, suspender apoyo técnico, elevar el informe a la ONU y servir como prueba en otras instancias internacionales que investigan violaciones de DDHH” señaló Acceso a la justicia.

By Luis Alejandro R.

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ONG’s en Venezuela: Ahora sin secretos para el gobierno

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ONG se verán obligadas a revelar los detalles de sus actividades al gobierno.

MARACAY, Venezuela – El gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través de una nueva normativa, obliga a las organizaciones no gubernamentales a revelar la identidad de donantes y beneficiarios.

A través de la Gaceta Oficial número 42098, emitida el 30 de marzo de 2021, el gobierno hizo pública la providencia n° 001-2021. A su vez, invitó a las ONG a que se enlisten en la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terorismo; dependencia que según el gobierno, busca detener el flujo de capital turbulento o desestabilizador en el país.

En dicho documento, se explica que las organizaciones no gubernamentales, tendrán que suministrar información completa acerca de sus actividades.

La cronología de sucesos ha indicado que el gobierno empezó a solicitar el requisito; debido a las continuas quejas provenientes de ONGs y activistas por los derechos humanos, que aseguraban recibir acoso por parte de organismos de seguridad nacional.

El ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, no ha emitido consideraciones al respecto. Sin embargo, ante las acusaciones provenientes de las ONG y las asociaciones para el cumplimiento de los derechos humanos; el presidente alega ser el foco de una campaña difamatoria, orquestada desde el extranjero.

Según lo explica Acceso a la Justicia (una ONG), “el Registro Unificado de Sujetos Obligados busca supervisar aquellos sujetos (personas naturales o jurídicas) cuya actividad no se encuentra regulada por una ley especial, o bien personas que realizan actividades no financieras que deben ser supervisadas”.

En los artículos 6.5 y 6.6 de la nueva norma, se establecen los recaudos que tienen que aportar las ONG al ejecutivo.

En ambos artículos se especifica que las organizaciones no gubernamentales, o sin fines de lucro; tendrán que ofrecer dos listados detallando las fuentes de financiamiento, sus localizaciones internacionales, y los beneficiarios a los cuales va dirigida la ayuda.

Tentados al cierre de labores

Ante lo observado, la oposición venezolana considera que el nuevo requisito, probablemente dejará a más de un programa sin intención de continuar sus actividades en el país.

Según lo indicaron los legisladores guiados por el líder opositor Juan Guaidó, “esto podría marcar el fin de operaciones para muchas iniciativas, por temor a las consecuencias y represalias que podrían resultar de esta medida”.

En diversas ocasiones, el gobierno ha manifestado públicamente su opinión hacia las organizaciones sin fines de lucro; haciéndolas protagonistas, en parte, de la desestabilización del país petrolero.

Buscando su defensa, las organizaciones alegan que su labor permite una ayuda que alivia el sufrimiento mientras Venezuela enfrenta una crisis humanitaria; producto de malas decisiones de carácter financiero.

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Fundaredes: GAI se expanden por Venezuela mientras la FANB combate en la frontera

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Las FARC y la ELN están haciendo incursiones en todo el país, asegura FundaRedes.

La ONG aseveró que la ELN y las FARC están desarrollando actividades ilícitas a lo largo de todo el territorio nacional.

FundaRedes denunció a finales del mes de marzo, que mientras las fuerzas armadas venezolanas se encuentran combatiendo en el terreno fronterizo apureño, miembros disidentes de las FARC, están expandiéndose a otros territorios de Venezuela.

A través de un comunicado, la ONG comunicó que los grupos que más espacio están adquiriendo dentro del territorio nacional son El ejército de Liberación Nacional (ELN) y lo que parecen ser miembros disidentes de las FARC.

La Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de FundaRedes en el estado Táchira, Angélica Huérfano, aseveró que desde el inicio de los enfrentamientos en la frontera; el ELN “ha realizado patrullaje e intimidación a la población” en diversos sectores del municipio García de Hevia, también ubicado en el estado Táchira.

Cabe destacar que este estado está en frontera con Colombia y es vecino de la región apureña, en donde se están llevando a cabo los enfrentamientos.

En la denuncia, se estipula que la población ha avizorado a hombres con botas negras, brazaletes con identificación del ELN y armamento largo “haciendo recorridos en zonas urbanas, instalando puntos de control y requisando a las personas, entre otras prácticas”.

José Mejías, el Coordinador de FundaRedes en el estado Amazonas, hizo un recordatorio hacia el informe que la Defensoría del Pueblo colombiana, emitió y en donde; se señala que tanto las disidencias de las FARC, como el ELN, “manejan sus actividades desde la frontera que comunica a Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, con el departamento Vichada de Colombia”.

Al norte del país, específicamente en el estado Falcón, Omar de Dios García, Coordinador de FundaRedes en la zona; aseguró tener pruebas de que la guerrilla también se encuentra realizando operaciones en el área, debido a que “(…) la consideran como territorio estratégico para el contrabando de oro, diamante y coltán hacia las islas holandesas y antillanas”.

Omar agrega que históricamente hablando, estas islas también les han servido como “puente (…) para avanzar en la trata de personas para esclavitud sexual, trabajos forzosos y reclutamiento”.

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Fundaredes: GAI se expanden por Venezuela mientras la FANB combate en la frontera

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Las FARC y la ELN están haciendo incursiones en todo el país, asegura FundaRedes.

La ONG aseveró que la ELN y las FARC están desarrollando actividades ilícitas a lo largo de todo el territorio nacional.

FundaRedes denunció a finales del mes de marzo, que mientras las fuerzas armadas venezolanas se encuentran combatiendo en el terreno fronterizo apureño, miembros disidentes de las FARC, están expandiéndose a otros territorios de Venezuela.

A través de un comunicado, la ONG comunicó que los grupos que más espacio están adquiriendo dentro del territorio nacional son El ejército de Liberación Nacional (ELN) y lo que parecen ser miembros disidentes de las FARC.

La Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de FundaRedes en el estado Táchira, Angélica Huérfano, aseveró que desde el inicio de los enfrentamientos en la frontera; el ELN “ha realizado patrullaje e intimidación a la población” en diversos sectores del municipio García de Hevia, también ubicado en el estado Táchira.

Cabe destacar que este estado está en frontera con Colombia y es vecino de la región apureña, en donde se están llevando a cabo los enfrentamientos.

En la denuncia, se estipula que la población ha avizorado a hombres con botas negras, brazaletes con identificación del ELN y armamento largo “haciendo recorridos en zonas urbanas, instalando puntos de control y requisando a las personas, entre otras prácticas”.

José Mejías, el Coordinador de FundaRedes en el estado Amazonas, hizo un recordatorio hacia el informe que la Defensoría del Pueblo colombiana, emitió y en donde; se señala que tanto las disidencias de las FARC, como el ELN, “manejan sus actividades desde la frontera que comunica a Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, con el departamento Vichada de Colombia”.

Al norte del país, específicamente en el estado Falcón, Omar de Dios García, Coordinador de FundaRedes en la zona; aseguró tener pruebas de que la guerrilla también se encuentra realizando operaciones en el área, debido a que “(…) la consideran como territorio estratégico para el contrabando de oro, diamante y coltán hacia las islas holandesas y antillanas”.

Omar agrega que históricamente hablando, estas islas también les han servido como “puente (…) para avanzar en la trata de personas para esclavitud sexual, trabajos forzosos y reclutamiento”.

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¿Aceite de cocina o crudo? EEUU sancionó al cargamento equivocado

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“Sancionado porque confundieron su aceite con petróleo”

Probablemente, una de las mayores sorpresas en la vida de Alessandro Bazzoni; fue el recibir una orden que lo sancionaba por transportar a su restaurante en Italia, un material que aparte de comestible, está muy lejano a ser petróleo.

Como parte de la ofensiva de la administración del ex presidente Trump hacia la comercialización de crudo venezolano; impuso equivocadamente, sanciones hacia la compañía del empresario italiano, el 19 de enero de 2021.

Para tomar medidas en el asunto, el pasado miércoles 31 de marzo, Hacienda declinó la medida impuesta hacia AMG SAS Di Alessandro Bazzoni & C.

De las sanciones emitidas hacia el gobierno venezolano desde 2019, a Alessandro Bazzoni; le tocó estar en el último lote, realizado durante en el último día de la administración de Trump.

El Departamento del Tesoro, asegura que la sanción iba dirigida a un Alessandro Bazzoni diferente, el cual fue incluido en la lista negra de la OFAC; debido a su participación en el comercio de petróleo con Venezuela.

En su defensa, el departamento argumentó que las sanciones fueron impuestas debido a que los registros asocian a un empresario de apellido Bazzoni; con empresas que comercializan crudo venezolano, entre ellas, AMG SAS Di Alessandro Bazzoni & C.

Alessandro le expresó a Reuters que “resolvieron el problema. No deberían involucrarme más. Fue un error … Afortunadamente todo se resolvió en un par de meses”.

Ante lo ocurrido, Tim O’Toole, especialista en sanciones del bufete de abogados Miller & Chevalier; consideró que “(…) la administración [de] Trump, estaba haciendo mucho, realmente rápido con respecto a Venezuela, Irán y China. [Y] cuando te mueves tan rápido, tiendes a cometer errores”

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Aconsejan aprovechar la migración venezolana para reactivar la economía

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OIT: Las habilidades, experiencia y agallas del venezolano, podría ayudar a levantar las economías de la región latinoamericana”

Marc Margolis, un columnista del portal económico Bloomberg, aconsejó que la situación venezolana podía ser vista con unos ojos más productivos. En tal sentido, consideró que el ímpetu venezolano podría servir de gran ayuda para levantar la economía de la región; la cual ha sido fuertemente golpeada por el coronavirus.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), aseveró que ante la crisis que está viviendo Venezuela desde hace 6 años aproximadamente; han emigrado 5,4 millones de nacionales. Según cifras de Acnur, la mayoría se encuentra residiendo en américa latina.

Sin embargo, pese a la solidaridad que han tenido diversos gobiernos con la diáspora, la xenofobia ha sido un factor con el que muchos venezolanos han tenido que lidiar. Acoso social, salarios sub pagados y hasta asesinatos pasionales son algunas de las consecuencias que ha tenido que padecer el venezolano en el exterior.

En consideración a lo anterior, Margolis considera que “Indiscutiblemente, el ataque de los refugiados se suma a la carga de los vecinos continentales de Venezuela; que ya deben atender a sus propias poblaciones vulnerables”.

Marc, siendo un especialista en asuntos latinoamericanos, apuntó al último informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo); que asegura que la pandemia destruyó 43 millones de trabajos en el contexto latinoamericano.Por lo tanto, asegura que es un buen momento para que los venezolanos brillen y puedan ayudar a impulsar las economías de la región.

En concordancia a un estudio reciente de la OIT, los países latinos que albergan presencia de venezolanos, podían aprovechar las “habilidades, experiencia y agallas” de estos, para levantar nuevamente a su país.

“Pensamos que los migrantes son vulnerables, pero producen, consumen y contribuyen a las sociedades y la economía (..) Si los protege y reconoce, eso es ventajoso para el estado anfitrión”, expresó Fracncesco Carella, especialista en migración de la OIT.

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