Según las estadísticas proporcionadas por los entes defensores, las persecuciones en Venezuela han crecido un 157% entre 2019 y 2020.
Tres organizaciones se unificaron, para crear un informe en donde se plasmaron las irregularidades que ocurrieron entre 2019 y 2020. El grupo Cofavic, el Observatorio de la Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional por los Derechos Humanos realizaron la sumatoria de faltas realizadas; dando un total de 84 abusos de poder perpetrados en 2019 y 216 ataques hechos durante los primeros 10 meses de 2020.
Los representantes de los movimientos, coinciden en que “los casos parecen confirmar la existencia de una política estatal de persecución”.
Luego de los acontecimientos, se intentó establecer contacto con el Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información; Freddy Ñañez. Sin embargo, la solicitud no fue correspondida.
Cabe destacar que Nicolas Maduro, el presidente de Venezuela, no emite consideraciones ante este tipo de actos, e incluso; considera que los mismos son producto de acusaciones falsas, propiciadas por agentes extranjeros. Para el mandatario, serían el resultado de una campaña para desprestigiar su imagen.
Miguel Martin, quién es miembro de la Organización Mundial contra la Tortura, durante una conferencia en línea mostrando los hallazgos, expreso que; “el gobierno no está convenciendo a nadie de que todas las personas con algún tipo de visión crítica o que brindan ayuda humanitaria, son desestabilizadores”.
En el informe presentado por Martín, destaca el caso de integrantes de Azul positivo; una organización civil sin fines de lucro que actúa en el estado Zulia, al noroccidente del país. Entre los cargos que se les fueron impuestos por parte de organismos del DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), está el de lavado de dinero.
Normas que dan pie a la extorsión y persecuciones en Venezuela
Desde octubre de 2020, el ejecutivo promovió una serie de normas que favorecen la persecución a organizaciones no gubernamentales; que no se enlisten en un registro nacional.
Son dos, las resoluciones que atentan en contra del financiamiento a organizaciones no gubernamentales.
La primera se emitió a finales de octubre bajo aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente. En ella, se exige que las ONG constituidas fuera del territorio de Venezuela, tengan que contar con inscripción en un “registro especial” para este tipo de actividades.
La segunda, es una resolución emitida por SUDEBAN. La misma, permite al sector bancario fiscalizar fondos ubicados en cuentas de organizaciones sin fines de lucro.
Ambas medidas, según el gobierno, son para “vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, terrorismo y financiamiento al tráfico de drogas y actividades ilícitas”.
En noviembre de 2020, otras organizaciones también fueron allanadas por parte de organismos policiales, entre ellas; Acción solidaria, Alimenta la solidaridad y Caracas mi convive.
By Luis Alejandro R.